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Reclamación económico-administrativa

La reclamación económico-administrativa es un medio de impugnación de los actos administrativos de carácter tributario, incompatible con el recurso de reposición. En conseqüència, si la persona interesada opta por interponer un recurso de reposición, no puede presentar una reclamación económico-administrativa hasta que el recurso no haya sido resuelto de manera expresa, o hasta que se pueda considerar desestimado por silencio administrativo.

Los órganos competentes para resolver la reclamación son los tribunales económico-administrativos, cuando el acto impugnado se ha dictado en relación con un tributo estatal cuya gestión está cedida a Cataluña (por ejemplo, los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados), y la Junta de Finanzas, cuándo el acto impugnado hace referencia a un tributo propio de Cataluña (por ejemplo, el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales o el gravamen de protección civil).



Actos que se pueden recurrir

Son impugnables los actos siguientes:

a) Los que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación o un deber.

b) Los de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o pongan término al procedimento.

En materia de aplicación de los tributos, son reclamables:

a) Las liquidaciones provisionales o definitivas.

b) Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de una autoliquidación o de una comunicación de datos.

c) Las comprobaciones de valor de rentas, productos, bienes, derechos y gastos, así como los actos de fijación de valores, rendimientos y bases, cuando la normativa tributaria lo establezca.

d) Los actos que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios o incentivos fiscales.

e) Los actos que aprueben o denieguen planes especiales de amortización.

f) Los actos que determinen el régimen tributario aplicable a un obligado tributario, cuando sean determinantes de futuras obligaciones, incluso formales, a su cargo.

g) Los actos dictados en el procedimiento de recaudación.

h) Los actos respecto a los que la normativa tributaria lo establezca.

Asimismo, son reclamables los actos que impongan sanciones.

En el caso de providencias de apremio, sólo serán admisibles los motivos de impugnación siguientes:

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

c) Falta de notificación de la liquidación.

d) Anulación de la liquidación.

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.


 

Tramitación de la reclamación

El plazo para la interposición de esta reclamación es de un mes contado a partir del siguiente a la notificación del acto objeto de recurso o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, y se debe interponer ante el órgano que dictó el acto impugnado, el cual remitirá el escrito de interposición al tribunal económico administrativo competente o, en su caso, a la Junta de Finanzas.

El tribunal, una vez recibido y, en su caso, completado el expediente, lo pondrá de manifiesto a los interesados que hayan comparecido en la reclamación y no hayan formulado alegaciones en el escrito de interposición o las hayan formulado pero con la solicitud expresa de este trámite, por plazo común de un mes en el que deben presentar el escrito de alegaciones con aportación de las pruebas oportunas.

El plazo máximo para notificar la resolución es de un año contado desde la interposición de la reclamación. Transcurrido este plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, el interesado podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente.

La resolución puede ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad de la reclamación en los siguientes supuestos:

a) Cuando se impugnen actos o resoluciones no susceptibles de reclamación o recurso en vía económico-administrativa.

b) Cuando la reclamación se haya presentado fuera de plazo.

c) Cuando falte la identificación del acto o actuación contra el que se reclama.

d) Cuando la petición contenida en el escrito de interposición no tenga relación con el acto o la actuación objeto de recurso.

e) Cuando concurran defectos de legitimación o de representación.

f) Cuando exista un acto firme y consentido que sea el fundamento exclusivo del acto objeto de la reclamación, cuando se recurra contra actos que reproduzcan otros anteriores definitivos y firmes o contra actos que sean confirmatorios de otros consentidos, así como cuando exista cosa juzgada.


 

Suspensión del acto impugnado

La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia de la persona interessada si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de

demora que genere la suspensión y los recargos que puedan proceder.

Si la impugnación afecta a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías.

Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática serán exclusivamente las siguientes:

a) Depósito de dinero o valores públicos.

b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.

Cuando el interesado no pueda aportar las garantías necesarias para obtener la suspensión, se acordará la suspensión previa prestación de otras garantías que se consideren suficientes.

Asimismo, se puede suspender la ejecución del acto con dispensa total o parcial de garantías cuando la ejecución pueda causar perjuicios de reparación difícil o imposible, o cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en un error aritmético, material o de hecho.

Cuando se impugnen actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o una cantidad líquida, el tribunal podrá suspender su ejecución cuando lo solicite el interesado y justifique que su ejecución puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación.


 
Fecha de actualización: 22.06.2010